por La protección legal del Lobo Ibérico es necesaria e imprescindible para asegurar la supervivencia de un depredador apical, clave para la recuperación del equilibrio en nuestros ecosistemas. Un equilibrio que se ha visto alterado durante décadas por los desmanes de las administraciones, que han «mimado» en exceso los interés del lobby cinegético y cedido a las exigencias de un puñado de ganaderos. No nos sorprende que comunidades autónomas gestionadas tradicionalmente por alimañeros, como Castilla y León, Asturias o Cantabria hayan votado en contra, pero afortunadamente se ha impuesto el criterio científico y técnico, y hoy se le ha del otorgado al Lobo Ibérico la catalogación que realmente se merece desde hace décadas.
La Comisión Nacional de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado la inclusión del carnívoro en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE), tras un reñido debate en el que, como era de esperar, comunidades como Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria han votado en contra, pese al criterio científico. Sin duda, es un paso decisivo para que el lobo en España deje de ser considerado como una especie cinegética, una anomalía histórica que llevamos arrastrando desde hace décadas, cuando Félix Rodríguez de la Fuente logró sacarla del aquel maldito listado de «alimañas».
Hasta hoy, el lobo era el único gran carnívoro terrestre de nuestra fauna que no gozaba de protección legal, como sí la tienen el Oso Pardo y el Lince Ibérico. Estábamos obligados, por sentido común, a proteger una especie esencial para la salud ambiental de nuestros ecosistemas. Pero no nos engañemos, esto solo es el primer paso. Lo que se prohíbe es la «caza deportiva» del lobo, pero los «controles poblacionales» (los que ejercen las administraciones para contentar a los ganaderos) van a seguir. Se saca de la ecuación a los cazadores, poniendo fin a aquellas subastas en las que se pagaban miles de euros por hacerse con el trofeo de una cabeza de lobo, para luego exhibirla en las redes. Pero los ganaderos, en especial aquellos que se niegan a proteger su ganado como lo hacen los que siempre han convivido con el lobo, van a seguir reclamando a la administración controles a base de escopeta y plomo.
Aun así, los representantes de las comunidades autónomas que dicen ser «perjudicadas» por esta decisión, han anunciado que acudirán a los tribunales para impugnar el acuerdo. Y no nos cabe la menor duda de que así lo harán. ¿A qué viene esta rabieta? Dicen que esta decisión obligará «a que las gentes del mundo rural abandonen sus casas por culpa del lobo» (palabras textuales de todo un consejero del Gobierno de Cantabria). Probablemente sea porque, a partir de ahora, esos «controles» tendrán que estar debidamente justificados y avalados por un comité científico, cosa que hasta ahora no sucedía, porque bastaba con una charla entre «amigotes de puro y gin tonics».
Los biólogos llevamos años denunciando que esos supuestos «controles» se están haciendo a criterio del político de turno, y que no están resultando ser efectivos para reducir los ataques al ganado, sino más bien todo lo contrario. Llevan así décadas, sin embargo, los ganaderos siguen año tras año quejándose de lo mismo. ¿Qué hace la administración ante las quejas? Aumentar los cupos permitidos, o sea, más leña al fuego. Con tal de que se callen (los ganaderos), todo vale. Pero los ganaderos no se callan, y si este año pedimos que se maten una docena de lobos, el año que viene que sean cien. El aval científico brilla por su ausencia.
Si algo bueno ha traído la pandemia, es que por fin los políticos han aprendido a escuchar los dictámenes científicos. Ya es hora de que hagan lo mismo con la gestión de la biodiversidad. Se acabó eso de «hacer» y «deshacer» lo que les da la gana, sin dar explicaciones e ignorando los criterios científicos y técnicos.
